Mientras los empresarios insisten en crear un 'contrato basura' para los menores de 30 años, expertos coinciden en que ahondaría en la precariedad y mermaría el acceso de los jóvenes a los mecanismos de protección social.
La receta no es nueva, pero vuelve a poner de manifiesto la única ecuación en la que confía la patronal para paliar el drama del desempleo juvenil en España: a más precariedad y temporalidad en el trabajo, menos paro. El presidente de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), Jesús Terciado, dijo la pasada semana –sin dar muchos detalles– quela patronal estaba estudiando de nuevo un contrato especial para jóvenes menores de 30 años que tuviera como referencia el Salario Mínimo Interprofesional, es decir, el tope mínimo que se puede pagar a un trabajador por una jornada a tiempo completo y que ahora se sitúa en 645,3 euros.
El anuncio acaparó pronto las críticas de los sindicatos, que la tacharon de discriminatoria porque supondría excluir a los jóvenes de la negociación colectiva. También reaccionó la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Joaquín Nieto, director de la oficina española de esta institución, lo rechazó y aseguró que la solución pasa por establecer empleos sin ningún tipo de "discriminación" y con condiciones mínimas de "salud y seguridad". Pero, ¿qué piensan los hipotéticos perjudicados de una medida que los empresarios llevan tiempo rumiando?
